PARAGUAY: UN PAÍS QUE ATENTA CONTRA SU DESARROLLO INDUSTRIAL Destacado

PARAGUAY: UN PAÍS QUE ATENTA CONTRA SU DESARROLLO INDUSTRIAL El reciente Decreto N° 9100/18 del Ministerio de Hacienda, es un grave paso atrás en el desarrollo de la industria aceitera paraguaya, en beneficio de Brasil y Argentina

La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) considera que el reciente Decreto N° 9100/18 del Ministerio de Hacienda que vuelve a calificar a las Industrias procesadoras de oleaginosas como de procesos básicos, primarios o incipientes, va en contra de la Ley y de la Corte Suprema de Justicia y es un grave paso hacia atrás en el desarrollo de la industria aceitera paraguaya.

 La Ley N° 5061/13 y sus violaciones

La devolución del 100% del IVA para las agroindustrias exportadoras de productos industrializados como harina y aceite estaba incluida en la Ley Nº 5061/13. 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 1029/13, violatorio de dicha ley, al limitar la devolución del IVA para las agroindustrias solo al 50%.

El fallo de la Corte Suprema del 28 de diciembre de 2017 hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad del Decreto Nº 1029/13 que declaró inaplicables los artículos que limitaban al 50% la devolución del IVA para las empresas que exportan productos transformados a partir de la soja en harina proteica y aceite.

Consideramos que el nuevo decreto es una violación múltiple, ya que desconoce la Constitución Nacional, el orden de prelación de las leyes y el respeto a la división de los Poderes, que son algunas de las características fundamentales del estado social de derecho.

 Nuestro país debe decidir qué proyecto quiere seguir:  Ser un simple proveedor de materias primas o un proveedor de productos con valor agregado 

Desde el 2013, Paraguay comenzó a jugar un creciente rol en los mercados internacionales como país agroexportador de productos alimentarios con valor agregado, recibiendo millonarias inversiones para la instalación de plantas procesadoras de oleaginosas y cereales con tecnología de punta.

Las agroindustrias hemos invertido más de USD 1.600 millones; generamos más de 8.800 empleos formales y de calidad (directos e indirectos) y somos uno de los aportantes más fuertes al IPS, con más de G. 21.500 millones (cerca de US$ 4 millones) anuales.

Pero debido a la inestabilidad jurídica y los cambios inconsultos e inconstitucionales de las reglas de juego, las inversiones previstas para la expansión de las actuales plantas y la instalación de nuevas están paradas. Y el nuevo decreto fue la sentencia de muerte para las inversiones, con la consecuente pérdida de generación de empleo calificado.

Tratar igual a actividades distintas, es una inequidad tributaria

Las empresas comercializadoras se limitan a recibir la materia prima y embarcarla para exportarla, a diferencia de las nuestras, que son industrias que reciben dicha materia prima y la someten a una transformación mediante complejos procesos físicos y químicos; se ejecuta la trituración y laminado de la semilla de soja, para obtener derivados (harina, aceite y pellets) mediante extracción por solvente y procesos de aspirado, ventilación, destilación, condensación y refinado. No hay razón lógica, ni técnica, ni sentido común en igualarlas impositivamente.

Solo un país sin visión industrialista, con desdén hacia la inversión privada, puede darle a la exportación de granos en estado natural el mismo tratamiento tributario que a las empresas que agregan valor con procesos industriales.

Hay desconocimiento o intencionalidad cuando se celebra el decreto bajo el pretexto de que va aumentar la recaudación del Fisco para programas sociales, educación y salud y que se devolverá la competitividad al sector productivo. No hay otra forma de generar más ingresos de divisas, recaudación de impuestos y empleo que apostar a la industrialización. Ni la Ley ni la sentencia de la CSJ afectan la competitividad del sector productivo. La exportación de granos en estado natural no va a redundar en mayores ingresos y mucho menos en nuevos puestos de trabajo.

El Poder Ejecutivo se contradice 

El nuevo decreto del Ministerio de Hacienda, utiliza como uno de sus fundamentos la revisión 3 del Clasificador Industrial Internacional Uniforme, yendo en contra de la normativa vigente (RG de la SET N° 99/16 del 31/10/16) que dispone la actualización del Clasificador de Actividades Económicas (CAE) de acuerdo a la revisión 4 del Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU 4.0), publicado por la Organización de las Naciones Unidas.

En la revisión 4 del clasificador, la molienda de oleaginosas está clasificada como industria manufacturera, dentro de la subsección “elaboración de productos alimenticios”, ya que a partir de la soja se obtienen productos nuevos: harina, aceite y cascarilla y comparte la misma clasificación con otras industrias de alimentos. 

El MIC en la Nota S.N° 27 del 8 de febrero de 2018, responde una consulta del Viceministerio de Economía del Ministerio de Hacienda sobre si el aceite de soja en bruto, incluso desgomado, se trata de un bien industrial de procesamiento básico o primario, según la clasificación estándar nacional o internacional, concluyendo que según la revisión 4 de la CIUU y otros antecedentes analizados, resulta difícil determinar el carácter incipiente, primario o básico de esta actividad. Sin embargo, el nuevo decreto del Ministerio de Hacienda ignora completamente esta respuesta del MIC.

Podemos ser potencia, ¿pero queremos serlo?

Nuestro país tiene una enorme oportunidad de desarrollo económico sustentable: convertirse en un supermercado para el mundo – al igual que están haciendo los países vecinos – diversificando su oferta de alimentos, agregándole valor y trabajo paraguayo a nuestras exportaciones agropecuarias. El decreto aprobado por el gobierno nacional desincentiva ese virtuoso proceso, beneficiando a quienes no invierten en este país. Este decreto violatorio solo pueden celebrarlo las industrias brasileras y argentinas.

El Paraguay tiene una enorme oportunidad:  incrementar la industrialización de su eficiente producción agropecuaria, superando el modelo proveedor de granos en estado natural.

Apoyar el modelo agroindustrial incrementa el valor de las exportaciones, incorpora mayor trabajo de calidad paraguayo, y permite que el ingreso de divisas sea constante durante todo el año, asegurando también trabajo durante todo el año para los prestadores de servicios fluviales y terrestres, y no sólo durante los 2 o 3 meses posteriores a la cosecha.

Es un proceso que beneficia a toda la sociedad, principalmente los productores agropecuarios, ya que una industria nacional fuerte les garantiza un mercado demandante durante todo el año y una infraestructura acorde con sus necesidades; además de tener menos dependencia de mercados de commodities más volátiles.  

Por otra parte, la generación de trabajo formal, directo e indirecto, en una industria con gran efecto multiplicador, impacta en forma creciente en medianas y grandes ciudades. 

Claramente el objetivo final consiste en convertirnos en un proveedor de alimentos sustentables, lo más sofisticados posibles y de alta calidad a todos los destinos del mundo y también para el consumidor local. 

El nuevo decreto que emitió el Poder Ejecutivo va en contramano de ese camino virtuoso.

Sandra Noguera

 

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