Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea y los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— consolidaron un acuerdo de asociación comercial que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado combinado que supera los 700 millones de consumidores.
El texto fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, aunque aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo y las cámaras legislativas de los países sudamericanos antes de entrar en vigor.
El pacto elimina progresivamente los aranceles sobre más del 90 % de los intercambios entre ambos bloques, facilitando el acceso de productos agrícolas y minerales sudamericanos al mercado europeo y, a su vez, ampliando las exportaciones industriales europeas hacia América del Sur. La normativa también incluye compromisos en comercio de servicios, inversiones y protección de propiedad intelectual.
Sin embargo, el acuerdo eleva las exigencias regulatorias para los países del Mercosur: deben cumplir estándares europeos en aspectos como regulación sanitaria, ambiental y laboral, y enfrentar condiciones más estrictas que las que históricamente tenían en sus mercados tradicionales. Esto obliga a una modernización institucional y productiva para competir eficazmente bajo las nuevas reglas.
La apertura de mercado se combina con mecanismos de salvaguardia, especialmente en productos sensibles como carne, arroz y miel, que permitirán a la UE activar medidas temporales si se producen distorsiones significativas en el mercado comunitario.
El acuerdo ha generado reacciones diversas. Organizaciones empresariales y defensores del comercio internacional lo califican como una oportunidad histórica para diversificar las exportaciones sudamericanas y atraer inversión extranjera. Desde gobiernos sudamericanos se destaca el potencial para insertar productos regionales en un mercado de alto valor.
No obstante, la oposición política y social también es significativa, especialmente en Europa, donde agricultores y grupos ambientalistas han expresado su preocupación por la competencia de productos sudamericanos con menores costos de producción y por los riesgos asociados a estándares ambientales y laborales.
En síntesis, el acuerdo Mercosur–UE abre un amplio mercado global, pero obliga a los países sudamericanos a adaptarse a exigencias superiores en regulación y calidad, planteando desafíos y oportunidades para sus sectores productivos y sus procesos de integración económica.
