El exconsejero y actual asesor económico ad honorem del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, habló sobre la situación financiera de la previsional, el Fondo de Salud y el caso de los quirófanos modulares. Defendió las medidas adoptadas durante su paso por el Consejo de Administración, explicó cómo entiende la distribución de responsabilidades dentro de los procesos de contratación y cuestionó que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción se concentren en las sanciones penales sin avanzar también en el resarcimiento económico.
Durante una entrevista con El Informante, por R800 AM, Carlos Pereira explicó que actualmente brinda apoyo al presidente del IPS, Prof. Dr. Isaías Ricardo Fretes, principalmente en cuestiones relacionadas con el área bancaria y financiera.
“Estoy ahora apoyándole al presidente, al Dr. Fretes. Estamos terminando prácticamente mi trabajo ahí en la Universidad y, como me solicitó, acompañarle en toda la parte bancaria y financiera, reestructurar un poco la deuda y ordenar las finanzas del Fondo de Salud”, explicó.
Pereira, quien regresó al IPS como asesor económico ad honorem de la Presidencia, señaló que su tarea se concentra en aquellas áreas en las que tiene experiencia y conocimientos. Fuentes recientes también confirmaron su incorporación al equipo convocado por Fretes para abordar la crisis financiera, estructural y de abastecimiento de medicamentos e insumos de la institución.
El exconsejero valoró el trabajo que viene realizando Fretes y consideró que la previsional atraviesa una etapa en la que deben corregirse problemas acumulados. “Creo que el presidente Fretes está haciendo un trabajo gigante en varios frentes”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos debe ser recuperar la sostenibilidad del Fondo de Salud para evitar que las dificultades financieras terminen afectando directamente a los asegurados. “Estamos en esa etapa correctiva, que yo creo que va a volver a recuperar la sostenibilidad que tenía el Fondo de Salud, para que no se resienta más la gente esperando turnos y mucho menos con carencias de medicamentos”, afirmó.
Pereira también se refirió a la manifestación de funcionarios del IPS frente al Ministerio Público, relacionada con una investigación sobre la adquisición de equipos para quirófanos. Según explicó, el reclamo de los funcionarios apunta a que la investigación avance y no quede sin resultados, pero consideró que el objetivo no debería limitarse a establecer eventuales responsabilidades penales. “Lo que exigían es que esa investigación no termine en la nada como tantos otros casos, y que llegue a fin. Más que imputaciones y todo esto que tiene que ver con un proceso judicial, hay que buscar el resarcimiento económico”, sostuvo.
Pereira cuestionó que, a su criterio, los procesos suelen concentrarse en la imputación, la condena o las medidas alternativas, mientras queda en segundo plano la recuperación del dinero que pudo haberse perdido.
El reclamo por recuperar los recursos públicos también aparece actualmente entre los planteamientos de sectores que exigen que la investigación del caso de los quirófanos avance.
Pereira declaró ante la Fiscalía
El exconsejero confirmó que fue convocado por el Ministerio Público y que prestó declaración testifical en el marco de la investigación relacionada con los quirófanos. “Yo mismo declaré hace dos o tres semanas atrás. Duró más de tres horas mi declaración y está ahí en el expediente del Ministerio Público. Tuve una declaración testifical, el agente fiscal me convocó y me hizo una cantidad de preguntas”, relató.
Pereira consideró que para analizar el caso es necesario diferenciar una eventual responsabilidad administrativa de una investigación desarrollada en el ámbito penal. “Hay que entender el contexto y también cómo funciona el derecho, en este caso el derecho penal. Una cosa es estar en el ámbito meramente administrativo y otra es estar en un escenario penal de una investigación por hechos o por sospechas de hechos de corrupción”, explicó.
Recordó además que el proceso investigado se inició en 2019, mientras que él ingresó al IPS en 2023. “En este caso hay una imputación por lesión de confianza sobre un caso que se inició en el 2019. Imagínate, yo entré al IPS en el año 2023. Entonces hay que entender el origen de esa situación, cómo se dio, quiénes estuvieron, quiénes interactuaron y bajo qué procedimiento se ha hecho”, sostuvo.
Uno de los principales ejes de la entrevista fue la explicación de Pereira sobre la distribución de responsabilidades dentro de los procesos de contratación del IPS. Según sostuvo, las licitaciones atraviesan distintas etapas y existen unidades y gerencias encargadas de aspectos técnicos y administrativos antes de que el Consejo de Administración intervenga en la decisión correspondiente. “Es una licitación pública, donde los pliegos de bases y condiciones, los precios referenciales, todo eso recae en una unidad específica, en una gerencia. Eso no hace el Consejo de Administración y mucho menos los miembros”, afirmó.
Pereira aclaró que, desde su perspectiva, esto no significa que los integrantes del Consejo no tengan responsabilidades, sino que deben analizarse de acuerdo con las funciones concretas de cada uno. “Escuché por ahí que algunos líderes cuestionaban que el Consejo tiene responsabilidad administrativa. Por supuesto que sí. El Consejo es deliberativo y tiene una responsabilidad política: aprueba presupuestos, aprueba políticas, medidas, mecanismos administrativos, designaciones de gerentes y funcionarios. Pero la responsabilidad es personalísima. Todos somos responsables de nuestros actos”, explicó.
Enfatizó que la responsabilidad, a su criterio, debe determinarse de manera individual y tomando en cuenta la estructura interna de la institución. “No es el Consejo como tal, sino de manera individual. Hay que entender que hay un organigrama donde está la segregación de funciones debidamente deslindada y uno tiene que desgranar muy detalladamente cómo se desarrolla una responsabilidad administrativa y que pudiera tener derivación”, señaló.
Pereira sostuvo además que los miembros del Consejo no participan directamente de las tareas operativas vinculadas con los contratos. “El IPS tiene un Consejo que no es ordenador de gastos. Los miembros del Consejo no somos parte del sistema de decisiones operativas ni estamos a cargo de pagos, ni de discusiones con proveedores, ni de elaboración o diseño de pliegos de bases y condiciones, y mucho menos de administrar un contrato”, afirmó.
Esta explicación coincide con la postura que Pereira expuso públicamente después de declarar ante la Fiscalía, donde sostuvo que el Consejo interviene en una etapa posterior de los procesos de contratación y que las áreas técnicas y administrativas actúan en las fases previas. No obstante, el alcance de las atribuciones del Consejo forma parte del debate jurídico de la causa. La Ley N.º 98/92 establece que la dirección y administración del IPS está a cargo del Consejo de Administración, mientras que el fiscal Julio Ortiz manifestó recientemente que no prevé imputar a los consejeros en esta causa, al considerar que no tienen atribuciones directas sobre las licitaciones.
Pereira explicó que, durante su paso por la institución, solicitó una auditoría forense y que posteriormente se adoptaron medidas ante una situación relacionada con la instalación de los quirófanos. “Después de seis años, yo pido una auditoría forense precisamente porque ya una de las razones por las que nosotros hemos tomado una medida es hacer una corrección. Corregir algo significa que algo estaba como mínimo con un error”, señaló.
Según su explicación, los quirófanos habían sido previstos para ser instalados en el séptimo piso del Hospital Central, pero fue necesario determinar si la estructura podía soportar el peso de los equipos. “Si se compraron quirófanos para instalar en el piso 7, pero alguien se olvidó de pedir un estudio esclerométrico, que es una pericia estructural donde un especialista ingeniero hace un estudio para ver si el peso de esas máquinas va a soportar el lugar donde iba a estar asignado”, relató.
Pereira afirmó que la conclusión de ese estudio fue que la estructura no soportaría el peso de los equipos y planteó las consecuencias que, según su interpretación, habría tenido continuar con la instalación únicamente para cumplir con el contrato. “Si eso se hacía simplemente por cumplir un contrato, eso sí podría haber tenido no solamente un perjuicio patrimonial, sino que se hubieran perdido vidas. Eso no tiene forma de resarcimiento”, advirtió.
A partir de esa situación, explicó que se optó por suspender el plazo de ejecución y disponer de tiempo para definir la reubicación de los quirófanos. “Lo que se hizo fue simplemente suspender el plazo para poder asignarle los dos meses y medio que se han solicitado, para que se tenga el tiempo suficiente para que el Ministerio de Salud pueda aprobar los nuevos planos donde tendrían que reubicarse esos quirófanos”, explicó.
Pereira defendió la decisión y sostuvo que se trató de una medida correctiva destinada a evitar un perjuicio mayor. “Esa medida fue una medida correctiva, fue una medida que impidió que se rescinda un contrato que sí hubiera sido pernicioso y perjudicial para la institución porque se hubiera perdido más de G. 25.000 millones”, afirmó.
También señaló que la decisión se tomó a partir de una recomendación técnica del área correspondiente. “Lo que se hizo fue agotar la instancia derivada de una recomendación técnica de nada menos que el director de Mantenimiento, que sí es el administrador del contrato y es quien realmente tiene la posición de garante en esta situación”, sostuvo.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público. La causa se refiere al contrato N.º 06/2020 para el reacondicionamiento y suministro e instalación de quirófanos modulares. La Fiscalía imputó a nueve personas y el monto del contrato fue de G. 61.186 millones; por tanto, la cifra de más de G. 25.000 millones mencionada por Pereira debe entenderse como el monto que, según su explicación, la institución habría perdido en el escenario de una eventual rescisión, y no como el perjuicio total investigado.
“Estamos cayendo en un estado de descreimiento total”
La entrevista también derivó hacia la situación general de las instituciones públicas y la relación entre el Estado y la ciudadanía. Pereira reconoció que existe un fuerte deterioro de la confianza y consideró legítimo que los ciudadanos denuncien cuando detectan posibles irregularidades. “Estamos cayendo en un estado de descreimiento total. Hay un estado de desconfianza en el que yo entiendo y aliento incluso a la gente a que haga sus denuncias y sus reclamos, porque hay que reclamar”, manifestó.
A su criterio, el Estado debe concentrarse en generar condiciones para que las personas puedan estudiar, capacitarse, trabajar y desarrollar sus propios emprendimientos. “Yo creo que el Estado lo que debe hacer es crear las condiciones como para que se produzca la reinserción o la inserción laboral en los jóvenes que van saliendo de las universidades, en las tecnicaturas que van formando técnicos, para que la gente tenga oficio y pueda trabajar por cuenta propia”, explicó.
Educación financiera para preparar el futuro
Otro de los ejes de la conversación fue la educación financiera. Pereira sostuvo que las personas deben comenzar a construir su estabilidad económica desde la juventud y no esperar a llegar a la jubilación para pensar en su futuro. “Yo siempre digo en la docencia, y hace poco escribí un libro justamente que me llevó 26 años, Camino hacia la libertad financiera, donde precisamente me dirijo a los jóvenes para que forjen su futuro”, relató.
Su recomendación es comenzar con hábitos concretos de ahorro. “Páguense el 10 % de lo que ganan y traten de ser independientes de pensamiento y también independientes financieramente, porque esa es la verdadera libertad”, afirmó. Pereira cuestionó que muchas personas lleguen a la tercera edad sin una preparación económica suficiente.
“Nosotros llegamos en Paraguay a la edad de la jubilación y finalmente terminamos quejándonos de que no alcanza la jubilación. Para cuando la gente realmente merece y necesita estar tranquila, disfrutando de sus nietos y de la salud que pueda tener todavía en la tercera edad, resulta que llega a la jubilación y no le alcanza”, sostuvo.
Por ello, insistió en la necesidad de pensar a largo plazo y desarrollar disciplina financiera. “Uno cuando es joven tiene que forjar su futuro, pensar en el largo plazo, empezar a gastar con responsabilidad, con conciencia y con control emocional”, afirmó.
También cuestionó el consumo impulsivo y la falta de hábito de ahorro. “La gente cobra su sueldo, tiene plata en el bolsillo y empieza a buscar en qué gastar. Eso pasa porque uno no tiene disciplina, no tiene el hábito de guardar, no tiene el hábito de comprar cuando necesita realmente, no cuando tiene”, reflexionó.
Pereira vinculó la educación financiera individual con una discusión más amplia sobre productividad y desarrollo. “Somos proclives a creer que el Estado tiene que proveer todo, tiene que ayudar, tiene que regalar, tiene que subsidiar. Y la pregunta entonces es: ¿y la productividad dónde va a estar? ¿Quién se encarga de la productividad?”, planteó.
Para explicar su punto de vista, comparó la situación de Paraguay con la de otros países de la región y mencionó particularmente a Uruguay como ejemplo de un país con menor población pero con indicadores de productividad y desarrollo diferentes. “Uno mira países más pequeños pero con mayor productividad y esa es la explicación del desarrollo. Eso es lo que explica por qué un país es más desarrollado que otro”, sostuvo.
También cuestionó los mecanismos de acceso a la función pública y defendió que la capacidad y el mérito tengan mayor peso en la selección de funcionarios. “En algunos países todo es por concurso, donde uno no sabe ni quién es el que ingresa, porque eso se maneja bajo un Estado hermético en donde la capacidad de cada uno es lo que va definiendo si ingresa o no a un cargo público vacante”, señaló.
Desde su experiencia como auditor forense, sostuvo que pudo observar mecanismos que, a su criterio, favorecen el desperdicio de recursos públicos. “Yo estuve en el municipio y he visto como auditor forense dónde y cómo es que realmente se desperdicia el dinero público”, afirmó. Pereira comparó nuevamente esta situación con el sector privado. “En el sector privado, cuando el empresario pierde en su actividad, está perdiendo su dinero. Apostó mal a una marca, hizo mal un estudio de factibilidad, no le salió un producto como esperaba. Pero pareciera que en el sector público perdemos el dinero y no pasa nada”, cuestionó.
A su criterio, el problema termina afectando directamente a la relación entre los contribuyentes y el Estado. “Lo que estamos perdiendo es por mala administración y lo que perdemos es la plata que la gente, con muchos sacrificios, paga en impuestos. No ve la reciprocidad de ese impuesto”, sostuvo.
“No se trata solamente de prometer, se trata de hacer”
Pereira consideró que la pérdida de confianza también debería generar una profunda reflexión sobre la política y sobre la manera en que los ciudadanos eligen a sus autoridades. “Hay mucha desconexión con la gente. Hoy ya no existe ese partido con ideología, los partidos políticos también están cambiando vertiginosamente y eso también tiene que hacer que la gente cambie”, manifestó.
A su criterio, uno de los problemas está en confundir la función pública con la actividad política partidaria. “Uno a veces tiene en el sector público un operador político en el mostrador, no un servidor público. Por eso tenemos quejas en los hospitales, tenemos colas en donde haya una oficina pública, cuando ahí debería estar el mejor servicio y debería estar la mejor atención”, cuestionó.
Para el exconsejero, el cambio requiere una revisión tanto de quienes administran las instituciones como de los propios ciudadanos. “Tenemos que cambiar primero nosotros mismos. Tenemos que hacer un examen de conciencia con una alta criticidad hacia qué es lo que hoy le ofrecemos a la ciudadanía”, afirmó. Y agregó: “La ciudadanía también tiene que empezar a pensar cómo va a elegir sus autoridades, porque finalmente somos nosotros los que nos vamos a elegir. No se trata solamente de prometer en el sector público, se trata de hacer. Hay que hacer que las cosas pasen y cuando uno está en un cargo público tiene que gestionar y demostrar lo que realmente hace o hizo con los recursos que tiene”.
