El Acuerdo Mercosur–Unión Europea, resultado de más de 25 años de diálogo y negociaciones entre ambos bloques, tiene como objetivo central fortalecer la relación económica, promover la inversión y ampliar la cooperación, facilitando el comercio mediante la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias. Este entendimiento busca permitir que los productos del Mercosur y de la Unión Europea accedan con mayor facilidad a los mercados de la contraparte.
Sin embargo, la implementación del acuerdo se encuentra condicionada por la normativa de salvaguardias bilaterales adoptada unilateralmente por la Unión Europea, que introduce un elemento de incertidumbre en el proceso de apertura comercial. Este reglamento fue aprobado el 16 de diciembre de 2025 como consecuencia directa del acuerdo birregional y está formalmente vinculado a él: las salvaguardias no existirían sin el Acuerdo Mercosur–UE y operan dentro de su marco, no de manera externa.
Las salvaguardias bilaterales permiten a la UE aplicar medidas de protección comercial de forma unilateral y discrecional cuando considere que las importaciones provenientes del Mercosur registran variaciones superiores al 5 % en valor y/o cantidad, y que dichas variaciones podrían amenazar a la producción local europea. En esos casos, la UE puede retirar las preferencias comerciales concedidas en el marco del acuerdo, reintroduciendo aranceles u otras restricciones.
Mientras el acuerdo comercial tiene una lógica de integración y apertura de mercados, promoviendo reglas claras y previsibilidad, las salvaguardias responden a una lógica restrictiva, orientada a la protección del mercado europeo. Esta diferencia genera tensiones, ya que un instrumento diseñado para ampliar el comercio puede verse limitado por mecanismos que habilitan su restricción.
En síntesis, el Acuerdo Mercosur–Unión Europea representa una oportunidad estratégica para profundizar la integración y mejorar el acceso a mercados. No obstante, la normativa de salvaguardias bilaterales establecida por la UE actúa como un freno potencial a su plena implementación, condiciona el acceso al mercado europeo y evidencia que la apertura comercial queda subordinada a decisiones unilaterales, volviendo menos previsibles las reglas de juego originalmente acordadas entre las partes.
La firma del acuerdo está prevista para el sábado 17 de enero, en Asunción, Paraguay, con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Partes del MERCOSUR y el representante de la Comisión Europea.
