La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresa su profunda preocupación y enérgico repudio ante las recientes revelaciones que evidencian un grave manejo político de la justicia en el país.
A través de un comunicado mencionan: «Las conversaciones extraídas de dispositivos sometidos a peritaje judicial exponen un entramado de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), desnudando una preocupante falta de independencia en la administración de justicia. La ARP, como gremio que defiende la legalidad, el estado de derecho y la seguridad jurídica, considera inaceptable que se sigan desnaturalizando las instituciones encargadas de impartir justicia, debilitando la confianza ciudadana en las mismas. Las pruebas divulgadas revelan negociaciones ilegítimas que afectan directamente la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos que golpean a nuestra sociedad».
Ante esta situación y teniendo en cuenta el resultado del estudio “Latinobarómetro 2024:
La democracia resiliente” donde se expresa que solo 23 % de los ciudadanos confían en el Congreso Nacional y apenas un 28 % de los paraguayos confían en el Poder Judicial, la ARP exige: Una investigación rápida, imparcial y exhaustiva por parte del Ministerio Público sobre los hechos de corrupción denunciados, sancionando con el mayor rigor a los responsables.
«La depuración inmediata de las instituciones involucradas, garantizando que jueces, fiscales y miembros del JEM actúen con independencia y transparencia. El fin de la injerencia política en la justicia, que socava la institucionalidad y debilita el estado de derecho. Mayor control ciudadano y acceso a la información, para que la sociedad pueda ejercer su derecho de fiscalización sobre las decisiones de las autoridades judiciales», se lee en el comunicado.
Finalmente remarcan que es imperativo que las instituciones responsables actúen con firmeza y sin dilaciones para restaurar la confianza en el sistema de justicia. La ARP reitera su compromiso con la defensa de la legalidad y la transparencia, pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra nación.
