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La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM) inició un sumario de investigación contra siete empresas frigoríficas por presuntas conductas anticompetitivas en el mercado de la carne bovina. El objetivo es determinar si dichas empresas incurrieron en prácticas que lesionan la competencia, como la concertación de precios o la cartelización.

Las empresas investigadas son: Frigorífico Concepción, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Frigorífico Guaraní, Frigorífico Victoria y Frigomer.

Según explicó el director de Investigación de la CONACOM, Ricardo Gavilán, el mercado de la carne bovina presenta un alto nivel de concentración, es decir, pocas empresas concentran tanto la oferta como la demanda. Si bien la concentración del mercado no constituye en sí misma un ilícito, lo que se investiga es un marcado paralelismo en los precios, tanto de compra como de venta, así como la concentración en el pago de determinadas bonificaciones a los ganaderos. Estos elementos, de acuerdo con las denuncias y los indicios recabados, podrían configurar una supuesta cartelización, entendida como un acuerdo entre frigoríficos para pactar precios.

Gavilán explicó además que este tipo de acuerdos para fijar precios, ya sea de compra o de venta, están prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia. En particular, el artículo 8 de dicha normativa prohíbe expresamente estas prácticas, motivo por el cual la CONACOM lleva adelante la investigación para determinar si efectivamente se produjeron estas conductas.

La investigación se sustenta en un estudio de mercado reciente realizado por la CONACOM, que analizó la dinámica, estructura y funcionamiento del mercado de la carne bovina. En caso de confirmarse los hechos, la Dirección de Investigación formulará la acusación correspondiente ante el Directorio de la CONACOM y solicitará la aplicación de sanciones a las empresas involucradas.

En ese escenario, las empresas tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, presentar descargos y ofrecer pruebas. Posteriormente, el Directorio de la CONACOM adoptará una decisión. Las sanciones pueden ir desde la imposición de multas hasta la aplicación de medidas correctivas destinadas a subsanar las distorsiones o fallas generadas en el mercado por las conductas anticompetitivas.

El proceso investigativo tendrá un plazo de hasta 180 días, dividido en dos etapas: un período inicial de 90 días y una posible prórroga por otros 90 días, que puede ser solicitada por la Dirección de Investigación.

“Normalmente la prórroga se solicita en mercados o casos de gran complejidad, y el mercado de la carne es un mercado complejo. Por ello, no podemos descartar la utilización de ese plazo adicional. Los 180 días constituyen el plazo máximo y no pueden extenderse más”, señaló Gavilán. Agregó que durante este tiempo se analizarán los distintos eslabones del mercado, la existencia de las conductas investigadas y un volumen importante de documentación, con el fin de arribar a conclusiones técnicas sólidas.

¿Puede esta investigación incidir en los precios de la carne?

Gavilán aclaró que la CONACOM no tiene facultades para fijar precios, ya que no es un ente regulador de precios. Explicó que, de acuerdo con el diseño constitucional y el modelo económico del país, el mercado se rige por la libre oferta y la libre demanda.

“Que el Estado intervenga fijando precios sería equivalente a que una persona quiera vender su casa y el Estado le diga a qué precio debe hacerlo”, ejemplificó.

No obstante, afirmó que, si se detectan y eliminan prácticas anticompetitivas, el mercado debería desenvolverse en un marco de libre competencia. En ese contexto, las empresas, en lugar de pactar precios o repartirse el mercado, competirían entre sí, buscando la preferencia de los consumidores mediante mejores precios y mayor calidad.

El objetivo final de la investigación es promover la competencia en el mercado de la carne bovina, en beneficio tanto de los consumidores como de los productores. “Si se eliminan las prácticas anticompetitivas, las empresas deberían competir entre sí, lo que debería traducirse en una mejora de la calidad y en precios más competitivos”, afirmó Gavilán.

Finalmente, el director de Investigación destacó el compromiso institucional de la CONACOM: “Queremos dar tranquilidad a la ciudadanía. Este proceso se llevará adelante de manera rigurosa, con criterios técnicos, de forma escrupulosa y con un alto compromiso institucional”.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) en coordinación con la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY), realizó la entrega de 3.100 alevines de pacú a la Asociación de Piscicultores de Coronel Bogado, fortaleciendo una actividad productiva con alto impacto económico en el sur del país.

La entrega, que estuvo a cargo de la EBY, fue canalizada a través del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) Itapúa Sur, mientras que la asociación recibe acompañamiento técnico permanente de la Agencia Local de Asistencia Técnica (ALAT) de Coronel Bogado, lo que permite mejorar los niveles de producción, comercialización y rentabilidad.

Desde una perspectiva económica, la piscicultura se consolida como una alternativa rentable para las familias productoras. Actualmente, el pescado entero se comercializa a 40.000 guaraníes por kilo; sin embargo, mediante la transformación y el valor agregado, un kilo de pescado puede generar ingresos de hasta 160.000 guaraníes, cuadruplicando su valor inicial.

Gran parte de la producción es comercializada en ferias locales, donde la asociación ofrece una variada gama de productos elaborados, como empanadas de pescado, pescado frito, hamburguesas, croquetas y pescado envasado al vacío, contribuyendo a dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades de empleo e ingresos.

Esta acción conjunta entre la EBY y el MAG reafirma el compromiso institucional con el desarrollo de la economía rural, impulsando cadenas productivas sostenibles, fortaleciendo la agricultura familiar y promoviendo el valor agregado como herramienta clave para mejorar la rentabilidad de los pequeños productores.