La pulseada por los costos operativos y valores de referencia del transporte de fletes derivó en grandes perjuicios a los productores agropecuarios del país en los primeros días de agosto.
La protesta de los camioneros con piquetes y cierres de rutas en puntos estratégicos del país, derivó en cuantiosas pérdidas a los productores y comerciantes.
El país estuvo al borde de un desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y productos varios.
El proyecto de ley para la fijación de utilidades del 25% de los fletes fue tratado con evidente criterio politiquero, debido a la fuerte presión de los camioneros.
Los reclamos de los trabajadores del volante hasta pueden tener razón. Pero recurrir a la violencia para reclamar derechos nunca puede llevar a buen puerto al país.
“La Cámara de Senadores debilita su institucionalidad al dejarse extorsionar por la fuerza de un sector y sin discutir como corresponde un proyecto de ley”, sentenció el parlamentario Stephan Rasmussen.
Al estilo de los piqueteros argentinos, los dirigentes de camioneros paraguayos recurrieron incluso a la violencia para obligar a los transportistas a detenerse en largas filas, ocasionando la pérdida de unos cuatro millones de litros de leche que tuvieron que derramar por falta de capacidad de almacenamiento ante la saturación de la producción de la semana. Otros rubros también fueron fuertemente afectados por la ilegal medida de fuerza. El sector avícola también denunció que no pudieron hacer llegar alimentos a las aves y a esto se sumó el desabastecimiento de combustibles y hasta vacunas para ciertos departamentos alejados de la capital, lo que puso en riesgo la propia vida de las personas.
El bloqueo de la circulación de camiones, para abastecerse de materia prima, por parte de los camioneros en paro, acumuló pérdidas estimadas en más de G. 20.000 millones por los contratiempos generados en los cortes de ruta.
La tensión fue aumentando con la movilización de organizaciones campesinas, indígenas, docentes y médicos, al acercarse el tercer año de gestión del presidente Mario Abdo Benítez.
Lo que se presumía meses atrás en el sentido de que las presiones políticas iban a apuntar a otro intento de defenestrar a Abdo Benítez, pareció cobrar fuerza con los sectores movilizados con sus respectivas reivindicaciones.
En este juego perverso, el que más salió perjudicado fue el sector productivo del campo.
Es de esperar que el Estado actúe con más responsabilidad en situaciones socioeconómicas de este tipo, garantizando el libre tránsito de las personas y los productos, premisas constitucionales fundamentales que, una vez más fueron pisoteadas impunemente por un sector, en desmedro de la gente.
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NG
