El ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, destacó la importancia de implementar la trazabilidad en la producción como una herramienta fundamental para que Paraguay pueda acceder a mercados de mayor exigencia.
La medida responde a la exigencia del bloque europeo, que requiere de trazabilidad para verificar que productos agrícolas y ganaderos de exportación (entre ellos la carne y la soja) no provengan de parcelas deforestadas o con degradación ambiental después del año 2020.
El ministro aseguró que Paraguay ya cumple con las medidas ambientales, es un país sostenible y verde, «sin embargo, nos falta mejorar la medición de nuestros procesos; nos faltan sistemas de trazabilidad».
En este sentido, el Ing. Agr. (M.Sc.) Alfredo S. Molinas M., asesor Agroambiental de Unión de Gremios de la Producción (UGP) con experiencia por más de 30 años en temas agroambientales y como ex ministro de Ambiente y ex Agricultura y Ganadería de Paraguay, hace un ejercicio práctico y operativo de qué pasaría con la plataforma planteada por el MIC/REDIEX sobre el Reglamento Unión Europea (UE) N°1115/2023 y la viabilidad del mismo.
El sector productivo sigue sosteniendo que el Reglamento de la Unión Europea (UE) N°1115/2023 es de imposible cumplimiento para algunos sectores porque podría generar grandes impactos y pérdidas en el sector de la cadena de la producción y en particular a los productores, especialmente en los pequeños. Que podría generar costos adicionales lo cual no justificaría mantener el mercado de la Unión Europea (UE) para la exportación y que el propio reglamento se extralimita en sus artículos, que suponen una barrera paraarancelaria encubierta bajo una excusa de protección ambiental.
«Nuestra posición desde el inicio no ha cambiado y nos mantenemos así. Sin embargo, viendo la plataforma que el MIC/REDIEX presentó como estrategia para dar cumplimiento al Reglamento de la Unión Europea (UE) N°1115/2023; creemos necesario plantear un ejercicio práctico y operativo sobre qué pasaría si tuviésemos que cumplir con el sistema que el gobierno plantea a los sectores productivos», añade.
Menciona que como sector privado productivo cuentan con varias dudas y preguntas, principalmente vinculadas en la capacidad del Poder Ejecutivo del Estado de poder en tiempo y forma proveer los documentos o certificados con las nuevas burocracias que desean implementar y que se sumarían a la ya pesada burocracia estatal existente.
«Nos queda la duda o será que sencillamente fueron seducidos por la cooperación de los 10.000.000 de euros de la Unión Europea (UE) y no pensaron en las responsabilidades que están asumiendo en representación del propio Gobierno denominado vamos a estar mejor y que en caso de que esta plataforma no esté operativa en los próximos meses, los responsables directos de la no exportación de soja y carne estarán en los propios ministerios», dice Molinas.
Respecto a sus conclusiones, en su trabajo práctico se lee que, el sector privado debería consultar al Gobierno la posibilidad de que el estado con las instituciones gubernamentales formen parte del sistema de trazabilidad o plataforma únicamente con el compromiso que buscarán alternativas de eficiencia en el otorgamiento de documentos, la evaluación y análisis de los mismos.
«No podemos partir de la base que, con esta circunstancia actual en ministerios, secretarias y entes, esto va a funcionar perfectamente dentro de 8 meses. Es irreal este escenario y esperemos que el MIC/REDIEX comprenda esta circunstancia, por lo tanto, el estado debe asumir también esta realidad y dar lugar al sector privado como promotor de las acciones futuras», lamenta el asesor de la UGP.
Y finaliza diciendo que: «El sector privado podría analizar una metodología para promover un sistema de monitoreo y evaluación a fin de dar respuesta a este reglamento, el cual no estamos de acuerdo en su implementación, pero hay que buscar alternativas para que el productor interesado también tenga una certidumbre futura de qué ocurrirá desde el 2025».
