El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, confirmó que mañana miércoles se tratará en plenaria el proyecto de ley que modifica el artículo 142 del Código Penal y eleva la condena por invasiones a la propiedad privada.
El proyecto será tratado entre los primeros puntos del orden del día y aseguró que el 97% de sus colegas acompañará la aprobación del texto tal cual como fue remitido por el Senado.
“Estuve hablando con algunos líderes de bancada y hemos tomado la decisión de tratar ya este miércoles, seguramente entre el 1° y 2° punto del orden del día, para darle ya un corte definitivo a este proyecto de ley y, por supuesto, aprobar así como viene del Senado”, comentó.
Ante el anuncio de movilizaciones masivas por parte de organizaciones campesinas, Alliana sostuvo que el Congreso no se prestará a presiones de este sector. “Por suerte el Senado entendió que la gente de bien, el paraguayo, necesita de tranquilidad para seguir trabajando y produciendo”, significó.
Criticó que se estén convirtiendo en una costumbre las protestas con cierres de rutas, incluso para intentar poner precio al flete en Paraguay, en alusión a las recientes movilizaciones de los camioneros.
Adelantó que la posición de sus colegas es la aprobación, con lo que la ley sería sancionada y remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto. “Creo que un 97% de la Cámara de Diputados está de acuerdo en acompañar este proyecto y que sean más severos los castigos para los invasores de propiedades privadas”, señaló.
El referido proyecto de ley cuenta con un solo artículo y en el numeral 1 establece que “el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”. Mientras que en su numeral 2 refiere que “cuando la invasión, en el sentido en el numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta 10 años”.
Fuente: La Nación.
