El presidente Santiago Peña promulgó la Ley de Transparencia y Anticorrupción, una medida fundamental en la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción en Paraguay.
Esta ley establece un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.
La ley busca prevenir la corrupción mediante un régimen de integridad que involucra tanto al sector público como a la colaboración del sector privado y la sociedad civil. Las acciones propuestas se implementarán a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de mejorar los índices actuales de corrupción y, por ende, la calidad de vida de todos los ciudadanos paraguayos.
Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: El denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.
Órganos de Supervisión
La ley establece dos órganos principales para supervisar su implementación; la Contraloría General de la República será responsable de garantizar la independencia y eficacia del régimen. El Consejo Nacional Anticorrupción estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.
El presidente Peña reafirma su compromiso con una gestión pública transparente y responsable, asegurando que esta ley es un paso decisivo hacia un Paraguay más íntegro y libre de corrupción.
