Los proyectos de Ley de Organización Administrativa del Estado y del Servicio Civil apuntan a implementar criterios de racionalización y eficiencia dentro del sector público, con el fin de impactar directamente en la calidad de los servicios públicos que llegan a la ciudadanía, señaló la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso.
Estas declaraciones tuvieron lugar durante una entrevista televisiva emitida anoche, en el programa Mesa con EVP, por ABC Tv. Sobre este punto, enfatizó que las personas son el activo más importante que tienen las instituciones, porque son quienes diseñan e implementan las políticas públicas que luego se traducen en los bienes y servicios que le llegan a la ciudadanía.
“En ese marco, y apuntando a criterios de eficiencia y eficacia, estuvimos trabajando en estos proyectos de ley. Por un lado, tenemos un marco general que abarca a todas las instituciones públicas y, por el otro, una parte especifica que afecta directamente a las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo”, explicó.
Asimismo, refirió que ambas propuestas legales incorporan actualizaciones teniendo como precedente los inconvenientes contenidos en la Ley 1626/2000 «De la Función Pública».
“Es importante diferenciar que con la Ley de Organización Administrativa hacemos el marco para las instituciones públicas, con todo lo que tenga que ver la administración de las instituciones y la aplicación de criterio de racionalización y eficiencia. La Ley del Servicio Civil, por su parte, apunta a ordenar la carrera del funcionariado público, ordenando el ingreso y promoción al sector público. Es decir, que tanto el ingreso como las promociones dentro de servicio civil se den en el marco de concurso de méritos, en base a criterio de meritocracia y asegure carrera civil”, argumentó.
Finalmente, reiteró que estos dos proyectos de ley, además de otras propuestas legislativas que ya están vigentes, son clave para una organización óptima del Estado y responden a una necesidad ciudadana.
Fuente: Hacienda.
