El Dr. Nicolás González, flamante Doctor en Administración Pública, propone la instalación de una gran mesa de diálogo intersectorial para adoptar las medidas administrativas, legales y jurídicas que faciliten la solución a la falta de titulación de miles de lotes de la agricultura familiar campesina. El mismo propone ordenar las instituciones que duplican y superponen sus funciones, eliminar la manipulación de la justicia, defender los inmuebles del Estado y garantizar la propiedad privada.
¿Cuáles fueron los factores que le impulsaron para llegar a este sitial?
Llevo más de una década vinculado al quehacer rural como consultor, director de comunicación y asesor de ministros y titulares de entes públicos. En este tiempo me di cuenta que hay muchas cosas que mejorar en la administración pública, y, particularmente, en lo que hace al sector rural, comenzando por el acceso a la tierra, pasando por la producción sustentable y sostenible, en el afán de lograr el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Cuanto más “cartones en la pared”, aumenta la responsabilidad con los compatriotas, y el deseo de aportar lo poco que está a mi alcance, me motivó a abordar el tema básico y triste de la dilación en la titulación de las colonias campesinas que en varios casos emblemáticos lleva treinta, cuarenta años, ¡y hasta un siglo!
¿Qué tuvo como parámetros para elegir el tema de la problemática de la tierra en el Paraguay como tesis doctoral?
Es increíble que, a esta altura del siglo XXI, en el Paraguay miles de familias campesinas sigan en las condiciones de abandono y pobreza en la que sobreviven, rodeadas de mares de soja y una poca o nula presencia del Estado para defender la soberanía nacional; los sectores campesinos siguen muy vulnerables. No hay políticas públicas eficaces, sino asistencialismo y acciones superficiales… Las asimetrías son enormes entre la producción mecanizada y la agricultura familiar campesina. Tenemos que disminuir todo lo que se pueda esa brecha entre la riqueza y la pobreza en nuestro país, sin maniqueísmo que nos coloque en una posición de descalificar a nadie.
¿Cuáles son los principales ejes a seguir?
Estoy convencido de que la problemática de la tierra en el Paraguay requiere de un abordaje urgente, patriota y práctico. Para ello, lo primero es adoptar la decisión política. Nada positivo se puede hacer en el país sin una decisión política del más alto nivel. Los sectores dominantes -la clase política y los empresarios- están unidos en el objetivo común de mantener el status que, mientras el sector campesino se encuentra atomizado e ideologizado, con visiones radicalizadas, consecuencia de las frustraciones por largos años de lucha por la tierra. Esa decisión política no va a ser fácil de conseguir, pero más vale que el Estado se dé cuenta que los problemas del campo apeligran la paz social y retrasan el desarrollo socioeconómico del país.
¿En qué situación se encuentra esta problemática en nuestro país?
Desde las últimas décadas, el problema campesino persiste, y tiende a agravarse. No existen datos certeros sobre la cantidad de tierras malhabidas, la Comisión Verdad y Justicia halló casi ocho millones de hectáreas en manos de no sujetos de la ley, las organizaciones campesinas no cuentan con cifras definitivas de la cantidad de sin tierras, el gobierno no aborda una solución real al drama campesino, las gestiones de los ministerios y entes como el Indert son dispersas y duplicadas con otras instituciones, cumpliéndose aquello de «el que abarca mucho, aprieta poco». Además, es lamentable que, por ejemplo, el Estado mantenga una deuda histórica de poco más de 100 millones de dólares por tierras expropiadas o adquiridas para la reforma agraria. En cualquier otro concepto, el gobierno gasta cinco veces más que ese monto, pero hace caso omiso a encarar una solución a la falta de titulación de miles de lotes de las familias más humildes que siguen en la zozobra de si sus lotes son o no de ellos…
¿Qué papel protagónico cumplen las autoridades en esta problemática?
Como ya señalamos, el protagonismo de los gobiernos no fue precisamente el esperado por los sectores campesinos. Aunque parezca una utopía, deben surgir estadistas que se interesen por equilibrar la situación en el campo, haciendo real la vigencia del estado de derecho, lo que quiere decir hacer cumplir las leyes para todos. Esto significa que el Estado tiene que cumplir su obligación de velar por las familias más necesitadas y promover la responsabilidad social de los inversionistas, al tiempo de otorgar seguridad jurídica y garantizar la propiedad privada.
¿Cuáles son los caminos a seguir?
Hay que convocar lo antes posible a una mesa de concertación nacional. ¿Quién pondrá “el cascabel al gato”? Talvez la Iglesia Católica, como una institución más o menos equidistante de los partidos políticos… En esa gran mesa patriótica deben sentarse los tres Poderes del Estado, los entes involucrados en la problemática, los gremios de la producción, las organizaciones campesinas, la procuraduría, el ministerio público e interesados en general.
En esta instancia, hay que analizar y resolver cuáles serán las acciones concretas a adoptar a corto, mediano y largo plazo. Algunas de esas acciones impostergables tienen que ser: modificar y actualizar el Estatuto Agrario, recuperar administrativa y judicialmente las tierras explotadas ilegalmente, terminar con las manipulaciones en los casos judiciales, eliminar la duplicidad de gestiones de las instituciones gubernamentales y sanearlas de corrupción.
En resumen, la propuesta es instalar cuanto antes una gran mesa de diálogo intersectorial para adoptar las medidas administrativas, legales y jurídicas que faciliten la solución a la falta de titulación de miles de lotes de la agricultura familiar campesina. Se tiene que ordenar las instituciones del Ejecutivo que duplican y superponen sus funciones, eliminar la manipulación de la justicia, y defender los inmuebles del Estado al tiempo de garantizar la propiedad privada.
