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Ante la Comisión de Legislación del Senado, Martín Burt, director ejecutivo de la Fundación Paraguaya, expresó su rechazo al proyecto de ley que propone establecer un nuevo sistema de control de ONGs.

“Se está gestando una ley en el Congreso Nacional que, bajo la apariencia de buscar la transparencia de las organizaciones civiles, en realidad pretende revivir el estronismo, fomentar la persecución política y seleccionar enemigos del gobierno para obstaculizar su labor”, lamentó Burt.

Indicó que en una sociedad civil es crucial la diversidad de opiniones; “no todos podemos pensar igual. Hay quienes apoyan la defensa del medioambiente y otros que no, así como quienes defienden los derechos de los indígenas y quienes no están de acuerdo. Paraguay debe albergar todas las ideas y aprender a convivir con ellas”, remarcó.

El gobierno no puede aprobar una ley que, bajo la excusa de buscar transparencia, imponga una carga excesiva sobre la sociedad civil, añadió Burt. “Estamos hablando de comisiones vecinales, juntas de saneamiento que producen agua, asociaciones culturales, entre otros. Esta ley sería de imposible cumplimiento. En Paraguay ya existe suficiente informalidad como para agregar otra capa burocrática. Simplemente, no se podrá cumplir”, dijo.

Algunas organizaciones, como la Fundación Paraguaya, tienen la capacidad de presentar todos los informes necesarios a las instituciones gubernamentales, “pero la gran mayoría, el 99 % de las asociaciones civiles sin fines de lucro, no podrán cumplir con estas exigencias”, indicó.

Finalmente, Brut aclaró que la Fundación Paraguaya no recibe fondos del estado.

En un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones de los caminos en el Chaco paraguayo, la ministra de Obras Públicas, Ing. Claudia Centurión, el gobernador de Boquerón, Harold Bergen y asociaciones locales, firmaron un histórico convenio estratégico para optimizar los recursos disponibles en el mantenimiento de la extensa red vial crucial para la región, en especial, en Boquerón.

“Quiero agradecer la disposición del gobernador y de las asociaciones de caminos del Chaco”, destacó la ministra durante la conferencia de prensa. “Es sabido que nuestros recursos son limitados y muchas veces insuficientes para responder a tiempo a las necesidades de la sociedad”, añadió.

El convenio facilitará la colaboración entre el sector público y el privado, coordinando esfuerzos y recursos para maximizar el impacto en la infraestructura vial. En palabras Centurión, “este acuerdo con las asociaciones del Chaco demuestra cómo podemos hacer mucho más con los mismos recursos, mediante una alianza estratégica y organizada”.

Responsabilidades compartidas. Una parte fundamental del convenio incluye la puesta a punto de maquinaria esencial para el mantenimiento de caminos. La Gobernación y las asociaciones locales invertirán en estas máquinas para asegurar su operatividad. Además, se compartirán recursos y equipos entre las entidades involucradas, garantizando una gestión eficiente y efectiva de los trabajos.

“Es crucial entender las necesidades de los caminos chaqueños y el esfuerzo conjunto que realizan tanto el sector público como el privado para mejorar la movilidad y facilitar el transporte de carga en esta región”, subrayó la titular del MOPC.

El acuerdo representa un paso significativo hacia la mejora continua de las condiciones de infraestructura en el Chaco paraguayo, no solo en cuanto a los beneficios directos a las comunidades locales y a aquellos que dependen de una red vial operativa y segura, sino también fortalecer la colaboración interinstitucional como clave para el desarrollo sostenible del país.